También existen críticas. Algunos padres consideran que el uniforme representa un regreso a una escuela demasiado rígida. Otros temen que aparezca un nuevo gasto obligatorio, especialmente si las subvenciones no cubren los costes reales. También hay estudiantes que afirman que la forma de vestir forma parte de su libertad personal y de su manera de expresarse.
Por otro lado, muchos padres apoyan la idea. Para ellos, el uniforme puede reducir las discusiones matutinas sobre la ropa, la presión por comprar productos caros y la competencia innecesaria entre los niños. En las familias con bajos ingresos, un uniforme financiado adecuadamente por el Estado podría incluso convertirse en una ayuda práctica.
Sigue existiendo, sin embargo, el problema de la calidad. Si los uniformes son baratos, están mal confeccionados o resultan incómodos, los estudiantes los rechazarán rápidamente. Si son caros, los padres reclamarán por los costes. Y si los proveedores son seleccionados sin transparencia, podrían surgir sospechas relacionadas con los contratos. Por eso, el proyecto necesita normas claras: precios máximos, materiales de calidad aceptable, varios proveedores disponibles y la posibilidad de que los padres compren el uniforme en distintos establecimientos, en lugar de verse obligados a acudir a una única tienda.
El modelo británico, mencionado por los impulsores de la iniciativa, pone énfasis también en mantener los costes accesibles y evitar la dependencia de proveedores exclusivos. En Francia, se han llevado a cabo programas piloto relacionados con la vestimenta escolar común, precisamente para comprobar si la medida funciona antes de extenderla de manera generalizada. Rumanía debería evitar el modelo clásico de «ley rápida, normas tardías y aplicación poco clara».
Si el proyecto se aprueba mediante un procedimiento de urgencia, los uniformes podrían convertirse en obligatorios incluso a partir de este otoño. Hasta entonces, la iniciativa debe seguir el procedimiento parlamentario, recibir los votos necesarios y ser promulgada. Solo después podrán establecerse las normas concretas para su aplicación.
Por el momento, los padres no deben comprar uniformes basándose en esta iniciativa. Todavía no existe una obligación nacional que haya entrado en vigor. Se trata de un proyecto político y legislativo que se encuentra actualmente en debate.
La cuestión, sin embargo, es real. El sistema educativo rumano se enfrenta a diferencias sociales visibles, bullying, falta de disciplina y problemas de seguridad. El uniforme puede ayudar en determinadas situaciones, pero no puede sustituir la educación, la autoridad de los profesores ni una respuesta firme ante los abusos.
Si el Estado quiere imponer el uniforme obligatorio, debe responder a tres preguntas sencillas: ¿quién lo paga?, ¿quién controla los costes? y ¿qué ocurrirá con los estudiantes que no cumplan la norma?
Sin estas respuestas, el uniforme corre el riesgo de convertirse en otra obligación más sobre los hombros de los padres. Con normas claras y un apoyo real para las familias vulnerables, puede convertirse en una medida útil, al menos para reducir parte de la presión social que se vive diariamente en los patios de las escuelas.
